La mañana de este martes 6 de diciembre, la Sala Francisco de Miranda (Sala E) fue el escenario donde se llevó a cabo el conversatorio “La María Lionza de Alejandro Colina: Aproximación a la dimensión patrimonial de la estatua”, el cual estuvo presidido por la División de Promoción y Apropiación Social del Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred).
El encuentro que tuvo como finalidad proponer e incentivar un diálogo con la comunidad universitaria. Contó con la participación de expertos jurídicos, urbanístico-arquitectónicos y socio-antropológicos, quienes argumentaron desde sus bases académicas, la razón por la cual la obra artística original de María Lionza, que fue sustraída el pasado 2 de octubre de los espacios de la Universidad Central de Venezuela, y llevada a Quibayo, en el estado Yaracuy, merece ser devuelta a su propietaria, la UCV.
Entre los ponentes estuvo presente el director de Copred, Pablo Molina, quien habló sobre la postura del Consejo ante su labor como veladores por la preservación de todas las obras pertenecientes al recinto universitario.
Destacó que han emitido comunicaciones a los distintos entes gubernamentales, como la alcaldía del municipio libertador, para que coparticipe en la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es devolver a la estatua a su sitio. Además, indicó que la extracción de la pieza ocurrió dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), nombrada Patrimonio Mundial por la Unesco desde el año 2000.
“Reafirmamos siempre nuestro derecho de propiedad sobre la pieza, así como la autonomía de la universidad consagrada en la constitución, que fue violada al extraer la pieza del recinto universitario”, expresó Molina, quien además instó nuevamente a las entidades gubernamentales para “retomar un diálogo, para aclarar y darle curso legal a este asunto.
Todo ello porque hay una sentencia de un tribunal que nos obliga a obedecerle a que una vez que estuvo restaurada la pieza, en el año 2006, debíamos retornarla a su sitio original que era la autopista Francisco Fajardo, hoy llamada Gran Cacique Guaicaipuro”.
¿Una obra artística sustraída ilegalmente?
Para conocer los efectos legales sobre la apropiación de la estatua realizada por el escultor Alejandro Colina en el año 1951, fue invitada a la actividad la abogada María Filomena Sigilio, quien ofreció un hilo con fechas y detalles sobre todo el proceso que conllevó a la UCV de convertirse en la propietaria y protectora de esta obra arquitectónica.
Sigilio detalló que para el año 2003 inició una polémica en medios de comunicación, cuando se dio a conocer que autoridades del gobierno de turno tenían deseos de mudar la estatua a dos sitios: primero al centro de la Plaza Venezuela, y luego a la Plaza de los Museos.
Nada de esto ocurrió, sin embargo, esto fue motivo para que la universidad, en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-UCV), Copred y entidades jurídicas, a través del Consejo Universitario, hicieran un recurso de amparo, el cual fue solicitado a una sala constitucional del TSJ en el año 2004.
De acuerdo a la abogada, cuando ocurrió la fractura de la obra, se tomó la decisión de trasladarla a las instalaciones de la UCV para su restauración. Posterior a ello, se debía devolver la escultura a su sitio original, hecho que nunca ocurrió y desencadenó en la sustracción de ésta en el año presente y llevada al estado Yaracuy.
Por otro lado, el coordinador académico de la escuela de Antropología, Carlos Martín, citó los artículos 26 y 27 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en los cuales se habla sobre la prohibición de restauración, reparación o cambio que desvirtúe el sentido original de la obra, así como un cambio de sitio sin previa autorización por parte del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC). Así como tampoco puede intervenir ninguna autoridad civil, militar o eclesiástica sin que sea aprobado por el IPC.
Con la lectura de estos artículos, el profesor Martín remarcó la definición de la palabra “hurto”, y constató que la universidad se encuentra ante “un problema moral, académico y de autonomía”.
“Hay un valor religioso y social absolutamente respetado; lo que se discute es que el valor patrimonial de la estatua es único, y la UCV es la institución que actúa como guardia y custodia.
Agregó que hay que tener en cuenta que los bienes patrimoniales no son restituibles, una vez que se destruyen, ya no podemos hacer absolutamente nada; y eso es lo que se trata de preservar, la integridad del monumento como tal y el respeto legal que existe”, intervino Martín.
Obra de María Lionza debe estar bajo el cuidado de la UCV
Durante el conversatorio, otras personalidades de relevancia para este encuentro coincidieron en que la estatua de María Lionza nunca debió salir del recinto sin previo acuerdo o autorización, dado que está establecido que la UCV es quien custodia dicha escultura.
La presidenta de Docomomo Venezuela, Hannia Gómez, definió como “una aberración” el cambio que se pretendió hacer en el año 2004, al querer situar la obra artística en la Plaza de Los Museos, ubicada en la parroquia La Candelaria.
Además, consideró que el hecho ocurrido el pasado 2 de octubre responde a una “arbitrariedad, desprecio por la ley y por un patrimonio de la humanidad, arrogancia y sobre todo el oscurantismo y el deseo de jugar con el temor que todos los ciudadanos sienten cuando la ley no se refleja”.
Por su parte, el sociólogo Eloy Marchán indicó que existen opiniones divididas respecto a dónde debería estar realmente la estatua; no obstante, afirmó que lo correcto es apegarse a la ley y las directrices ya establecidas.
También resaltó la participación de la universidad al tener sus puertas abiertas siempre para el libre debate sobre este tema tan controversial. “Yo he sido testigo de cómo la universidad ha abierto sus puertas a todo el que necesite expresar sus ideas sobre el culto a María Lionza y su estatua, que ha estado politizado desde hace muchos años” enfatizó.
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